67 meses de incerteza jurídica

l caso que ha enfrentado por más de cinco años a la Municipalidad de Recoleta y a la constructora del proyecto Desarrollo Inmobiliario Bellavista ha resultado en un lamentable perjuicio para la certeza jurídica, tanto desde el punto de vista de los desarrolladores como de los más de dos centenares de compradores de la propiedad.

Luego de 67 meses en los que la torre de departamentos ha estado lista para ser entregada a sus propietarios, sin que en todo ese tiempo se le otorgara la Recepción Municipal —pese a varios dictámenes según los cuales cuenta con los permisos necesarios y cumple la normativa—, la Corte de Apelaciones finalmente ha fijado un plazo de 30 días para su entrega definitiva, junto con imponer a la municipalidad el pago de una indemnización a la empresa constructora.

Lo cierto es que la oposición del alcalde de Recoleta al proyecto por motivos de supuesto incumplimiento del plan regulador ha sido consistentemente rebatida por los tribunales. Eso no impidió que la Municipalidad instruyera su demolición parcial en 2015, lo cual también fue desautorizado por la justicia. Ahora, el fallo de la Corte de Apelaciones establece que la negativa a aprobar la recepción final de obra es infundada e ilegal, pues no hay evidencia de que el edificio infrinja norma alguna. Pese a todo, es probable que el proceso continúe hasta la Corte Suprema, dilatando aun más su conclusión.

En el intertanto, centenares de personas y familias han visto literalmente paralizados sus inversiones y proyectos de vida pese a haber seguido las reglas, llenado los requisitos, cumplido las exigencias. Difícilmente puede haber indemnización que cubra ese daño.

Parece lamentable que sea en tribunales donde se tienen que zanjar proyectos inmobiliarios por razones, como se ha visto en otros casos, que no lo justifican. Se da la paradoja de que el recurso a la justicia termina prolongando la incerteza jurídica para todos los involucrados.