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Editorial

Ajuste del gasto público

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No sólo el presidente de la República inició su mandato con claras definiciones y actos en consecuencia, como ocurrió con la urgencia de abordar el tema del Sename. El mismo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya reafirmó en estas primeras horas de gestión su interés por recuperar la salud de las cuentas fiscales.

Y sólo a minutos de asumir el mando del equipo económico, el secretario de Estado comunicó que el segundo gobierno de Sebastián Piñera realizará un ajuste del gasto público.

La finalidad del anuncio, que se concretará eventualmente en el marco de los 90 días que tiene el Ejecutivo para publicar el decreto de manejo de la política fiscal, se hará en la lógica de contener el aumento de la deuda pública -del orden de 24% del PIB o más de US$ 60 millones- y reducir el déficit estructural para el período 2018-2022.

Y en esta tarea la experiencia previa resultará del todo bienvenida, pues precisamente en la primera administración Piñera el titular de Hacienda llevó a cabo un recorte del gasto fiscal que osciló entre US$ 750 millones y US$ 800 millones.

En ese entonces, la justificación fue frenar eventuales presiones del aparato público sobre los precios de aquella época, cuando la inflación había superado el 4%.

Si bien nunca es fácil ni menos inmediato, todo gesto de austeridad en el sector público se convertirá en una positiva y necesaria señal sobre la responsabilidad y eficiencia que debe prevalecer a la hora de utilizar los recursos, sobre todo cuando son limitados o están resentidos debido a la desaceleración de la economía nacional; y las necesidades sociales son crecientes.

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