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Editorial

Alcances de fondo del dictamen de Contraloría

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En el marco de una denuncia parlamentaria muy puntual y relacionada con una indemnización a un exdirectivo de Codelco, la Contraloría General de la República ha terminado instalando en los hechos una discusión de fondo que está teniendo amplias repercusiones.

En efecto, el órgano contralor, a la hora de fundamentar su dictamen fija criterios que expresamente deslindan el actuar de quienes gobiernan empresas que integran la administración del Estado, a las cuales les exige el deber de actuar “dando preeminencia al interés general por sobre el particular”.

Con el dictamen se abre un terreno fértil para el debate sobre cuáles son justamente los estándares de “gestión eficiente y eficaz” que a juicio de la Contraloría deben poner en un lugar de privilegio el interés colectivo por sobre el particular.

La respuesta de las organizaciones sindicales de empresas estatales fue instantánea, convocando a una cumbre de urgencia para ver la forma de salir al paso de este dictamen, el cual, es de suponer, estiman puede amagar los beneficios y condiciones particulares que pueden conquistar negociando con las empresas que integran el Estado.

El tema instalado, por cierto, tiene profundas implicancias para el gobierno corporativo y las relaciones dentro de dichas empresas, pero también lo tiene en cuanto a cuestiones mucho más de fondo, por ejemplo cuando desde el mundo de los trabajadores se acusa que el dictamen podría dejar a las empresas del Estado en una posición desventajosa para competir con empresas privadas. El punto que asoma nítido a ese nivle es cuál es la necesidad y racionalidad de que el Estado participe en esos sectores competitivos.

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