Ampliar los pactos de adaptabilidad
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En una economía en la que aumentar la productividad se ha convertido en uno de los principales y más complejos desafíos, contar con herramientas que permitan flexibilizar la relación laboral parece no sólo una medida conveniente sino que también un paso impostergable.
Jornadas a veces demasiado extensas, además de largos traslados a los lugares de trabajo y condiciones ambientales no óptimas, son algunos de los factores que suelen atentar contra un trabajo eficiente y crecientemente productivo.
La reforma laboral del gobierno pasado avanzó hacia un nivel más alto de flexibilidad, pero fue un cambio tímido y condicionado a una aprobación con quorum sindicales que lo volvía más complicado.
La nueva administración ha decidido priorizar cambios normativos y legales que amplíen el uso de mecanismos de adaptabilidad laboral. Según ha explicado el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, la idea es, entre otras, posibilitar que estos acuerdos de flexibilización puedan ser adoptados entre la empresa y los trabajadores en forma individual o bien con sindicatos más pequeños.
El diagnóstico de la autoridad, y en ello parece haber amplio consenso, es que el país se ha quedado rezagado en modernizar sus relaciones laborales y que superar ello es ineludible ante la evidente irrupción de nuevos modelos de negocios y de entrega de servicios que requieren la adaptación de las formas de trabajo.
Emprender cambios de envergadura en una de las reformas emblemáticas del gobierno de Bachelet, en una materia que concita acuerdo, parace ser una buena estrategia.
