Ante el nuevo año, “optimismo realista”

Es cierto que en situaciones de grave crisis como la actual, se espera de las autoridades que transmitan confianza y una medida de optimismo incluso ante circunstancias adversas. Aun así, deben hacerlo desde el realismo y la responsabilidad, entregando razones objetivas para tener confianza en que las cosas van a mejorar, sin ocultar, al mismo tiempo, la severidad de los problemas ni la magnitud de los riesgos.

Así lo hizo ayer en entrevista con este diario el ministro de Hacienda, al hablar de “un escenario 2021 de optimismo realista”. En efecto, sería ingenuo (y deshonesto con los chilenos) desconocer que tanto a nivel sanitario como económico esta crisis aún no tiene —no puede tener— un horizonte de término claro. E incluso en el más auspicioso de los análisis, los daños que provocó la combinación del 18-O y el coronavirus en 2020 seguirán haciéndose sentir en el corto y mediano plazo.

El propio ministro, por ejemplo, admite que “no vamos a recuperar automáticamente los 1,8 millones de empleos perdidos (…) Hay una parte más estructural del desempleo que va a requerir una palanca de política por varios años”. Por otra parte, superar el impacto de la pandemia en las finanzas públicas exigirá una recuperación sostenida de la economía, no sólo un 2021 de “rebote”.

Dicho esto, el Estado cuenta con un considerable arsenal para seguir enfrentando las secuelas del Covid-19: un presupuesto expansivo de más de US$ 70.000 millones, un Fondo Covid de US$ 12 mil millones y subsidios al empleo que ascienden a US$ 2.200 millones. El eventual fin de las medidas sanitarias de aislamiento será, desde luego, clave para la reactivación económica, y el leve repunte del Imacec en noviembre conocido ayer -tras ocho meses de caída- no deja de ser bienvenido.

En este cuadro, es fácil ver cómo una parte importante de la incertidumbre económica puede provenir del ámbito político, más que del propiamente productivo o financiero. Las numerosas elecciones de este año, el trabajo de la convención constitucional y la agenda legislativa del Congreso pueden terminar siendo tanto o más determinantes para la recuperación de la economía que las medidas para salir de la emergencia.