Editorial

Apoyo a empresas en tiempos de crisis

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a difícil situación que atraviesa Latam debido a la pandemia del Covid-19 ha puesto en debate la pertinencia de que el Estado contribuya con recursos públicos en ayuda de empresas “grandes” en esta grave coyuntura. El caso plantea un problema que trasciende a esta compañía en particular y que como sociedad conviene abordar en un escenario de crisis.

A pesar de que el conjunto de medidas que anunció el Gobierno la semana pasada contiene algunas que aplican a la generalidad de las empresas –que se suman a lo dispuesto por el Banco Central en cuanto al otorgamiento de liquidez al sistema financiero para poder otorgar nuevos préstamos- el grueso del mensaje ha estado dirigido a las PYME, que son las más desvalidas ante una coyuntura adversa. Ello hace pleno sentido en la lógica de concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables, pero omite que el bien superior a defender en una circunstancia como la actual es la estabilidad del aparato productivo como un todo, pues de eso dependen la protección de los puestos de trabajo y el abastecimiento de la población.

No se debe olvidar que si bien las empresas “grandes” corresponden a menos del 2% del total en cuanto a número, generan aproximadamente el 87% de las ventas totales en la economía, y aportan con más del 40% del empleo global. Es cierto que tienen más espaldas financieras que las empresas de menor tamaño en situaciones adversas, pero hay veces en que ello no basta para enfrentar una súbita falta de liquidez, y si ello ocurriere, un gran número de PYME que forman parte de su cadena de valor se verían arrastradas.

Este tema debe ser abordado con un enfoque pragmático, sin consideraciones ideológicas y buscando conjugar eficiencia con equidad. Chile ha tenido experiencias de este tipo en el pasado, con aciertos y errores, y en otros países también se aplicaron fórmulas que le permitieron al Estado recuperar lo aportado luego de la última crisis financiera global. A la luz de la experiencia, habrá que estudiar cuáles mecanismos son más eficaces que otros, buscando como fin último salvaguardar la estabilidad de las empresas, pero en un proceso de este tipo accionistas y acreedores deberán pagar el costo que les corresponda.

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