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Editorial

Autonomía del INE, el camino correcto

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l gobierno ha hecho saber su decisión de impulsar, con algunas indicaciones, el proyecto de ley que instaura un nuevo sistema estadístico y otorga un mayor grado de autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual ya se encuentra en su segundo trámite legislativo. Ello es bienvenido, fundamentalmente por dos grandes razones.

La primera, de orden más bien táctico-político —pero no por eso menos significativa—, es que se trabajará a partir de un proyecto presentado por el gobierno anterior que, tras ser intensamente discutido, logró establecer un consenso político bastante transversal en torno a sus principales lineamientos. Ese acuerdo es valioso en sí mismo cuando se trata de algo tan esencial para las políticas públicas —y el análisis de la realidad nacional según múltiples variables— como la generación de estadísticas. Así, permite augurar una tramitación más ágil y menos conflictiva que si se hubiera optado por un nuevo proyecto.

Por otro lado, ratifica la intención de avanzar hacia un modelo de generación de estadísticas más confiable y acorde con los requerimientos de una sociedad moderna, pues fortalece una autonomía del INE que todas las opiniones expertas consideran necesaria. Aún están frescas las discrepancias entre el organismo y el Banco Central en torno a las cifras de empleo, por ejemplo, una situación tan poco grata como inusual en un país acostumbrado a confiar en sus estadísticas. Un INE más autónomo no garantiza que se eviten problemas como ése, pero sí reduciría las probabilidades de que ocurran.

Esto último, porque en el proyecto que se discute, el INE ya no dependería de los censos periódicos para generar sus estadísticas, sino que contaría con un Consejo Estadístico Nacional, que a su vez revisaría un Plan Nacional de Recopilación sugerido por el director, escogido tras concurso en el Sistema de Alta Dirección Pública.

Se trata de un perfeccionamiento institucional de gran relevancia, parte de la modernización del Estado que el país requiere para adecuarse a los desafíos del siglo XXI.

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