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Editorial

Avances en inclusión laboral

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Imagen foto_00000001a Ley de Inclusión Laboral, que obliga a entidades públicas y privadas con 200 o más trabajadores a reservar el 1% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad, cumple su primer año de vigencia en abril próximo y está mostrando cifras positivas.

Según datos oficiales, ya son 1.916 las firmas que cuentan con contratos con personas con discapacidad, lo que involucra a 10.476 trabajadores. Se trata del 75% del total de empresas obligadas, pero como bien recordó en nuestra edición de ayer el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, la ley está hecha para el 100%.

La Dirección del Trabajo está tomando medidas para fiscalizar el total cumplimiento, pero la autoridad del sector también está buscando formas de simplificar y apoyar que ello ocurra.

La normativa establece algunas modalidades alternativas para el caso de compañías que no puedan cumplir rápida y cabalmente porque, por ejemplo, no cuentan con las instalaciones necesarias: pueden celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que sí tengan entre sus trabajadores a personas con discapacidad o efectuar donaciones a corporaciones o fundaciones vinculadas a este ámbito.

Son flexibilidades que aportan y a las que se pueden agregar nuevas eficiencias, como eliminación de burocracia innecesaria u otras, pero lo concreto es que la ley está funcionando y que eso es claramente positivo tanto para aquellos que son directamente beneficiados con la posibilidad de un trabajo con contrato y prestaciones sociales, como para la población en general, que comprueba en la diversidad un valor fundamental de la vida en comunidad.

Pasos en lo que se debería avanzar y sobre los cuales el gobierno ya ha comprometido iniciativas, que tienen que ver con asegurar que estos empleos sean de calidad, lo que seguramente requerirá incentivos adecuados.

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