Buenas noticias en gasto fiscal

 cerca de un año de haberse instalado en La Moneda, el gobierno puede decir que ha iniciado con buen pie el camino hacia cumplir el propósito de ajustar el gasto en el sector público en US$ 4.600 millones durante su cuatrienio.

Con ingresos que crecieron un 8,8% en 2018 y gastos que lo hicieron un 3,4% —1,3 puntos menos que en 2017 y la cifra más baja en los últimos siete años—, el Ministerio de Hacienda pudo anunciar un déficit efectivo de 1,7% del PIB, el menor en cuatro años. Junto con ello, el déficit estructural cayó cinco décimas hasta 1,5% del PIB. Es cierto, cabe destacar, que en ello incidió fuertemente la recaudación récord de US$ 1.000 millones sólo por la operación Nutrien-Tianqi en la minera SQM.

Aunque lo anterior en ningún modo asegura llegar a la meta de 1% de déficit estructural al año 2022 que se ha impuesto el Ejecutivo, sí valida la aseveración ministerial de que “estamos ante una mejor situación fiscal”.

La noticia es alentadora, pues el sostenido crecimiento del gasto en el aparato estatal durante la administración anterior actuó como un lastre para el dinamismo de la economía y la inversión. De hecho, el retorno a una política de mayor austeridad fiscal —mezcla de contención y mayor eficiencia en el gasto— fue uno de los planteamientos centrales del programa económico de este gobierno. Que el gasto corriente creciera 3,9% el año pasado, frente al 6,4% de 2017, sugiere que esa intención se está concretando en la práctica.

Dicho esto, la deuda pública bruta alcanzó el 25,6% del PIB, seis décimas más de lo que Hacienda se había fijado para 2018 y el mayor nivel en más de 25 años. Aunque lejos de ser preocupante, señala una tendencia al alza a la que no conviene resignarse, al menos no en cuanto no se condiga con mejoras reales en el impacto social y la efectividad del gasto público. Algo que, en gran medida, depende de imprescindibles avances en materia de modernización del Estado.