Cambio de gobierno y Alta Dirección Pública

n sus 19 años el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) ha sido clave en la modernización del Estado, aplicando filtros de mérito en la selección de altos funcionarios públicos. Actualmente están adscritos 144 cargos de primer nivel jerárquico (jefes de servicios públicos), que administran alrededor del 50% del presupuesto público.

El inicio de cada nuevo gobierno recuerda la tarea de seguir profundizando en la profesionalización del Estado, justamente porque sucesivas administraciones han incumplido -unas más, otras menos- el criterio crucial de mantener los nombramientos de estos directivos ajenos a circunstancias políticas, con lo cual ellos tendrían el espacio y los incentivos para impulsar una gestión de excelencia.

Con solo dos semanas, el actual Gobierno ha pedido la renuncia de los directores de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, del FOSIS, de la Dirección del Trabajo y del Superintendente de Seguridad Social. Si bien los jefes de servicios son de confianza del Presidente, la petición de renuncia debería aplicarse como medida de última ratio, cuando la autoridad ha constatado la necesidad de un cambio en los liderazgos, después de realizar un juicio sobre la gestión realizada. Las desvinculaciones por razones ajenas a la gestión dificultan la aspiración de lograr un Estado moderno con directivos que proyecten sus metas por sobre la administración de turno, entorpeciendo procesos transformadores.

Aunque en los últimos años se ha visto una positiva disminución de estos despidos (en los primeros seis meses de la administración anterior se desvinculó al 23% de los jefes de servicio ADP, versus un 48,6% en 2014), el sistema ADP también requiere mejoras. Entre ellas, la necesidad de ampliar los cargos adscritos, disminuir los costos de los concursos y los plazos de nombramiento que promedian cuatro meses. De igual forma, la incorporación de mecanismos de movilidad podría lograr el reposicionamiento de talentos que deban dejar el cargo por razones de confianza.

Son razones para desear que no se dilate en el Senado el segundo trámite constitucional del proyecto de mejoras que aborda algunas de estas temáticas.