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Editorial

Cambios a ley corta de pensiones: inconstitucionales e inviables

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unque lamentable, es evidente el proceso de deterioro legislativo de un tiempo a esta parte, en claro detrimento del sistema económico. Las indicaciones introducidas al proyecto de ley que mejora el Pilar Solidario son un ejemplo reciente, que se suma a los temas adicionales que contiene el proyecto del cuarto retiro adelantado del fondo de pensiones.

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La mejoría del Pilar Solidario, esta vez enfocada principalmente en aumentar su cobertura hasta un 80% de la población (en 2019 se subieron los montos de los aportes en 50%) parece una reforma necesaria e inevitable, luego del daño irreparable que han generado los retiros. Su aprobación entonces sería algo positivo, pero que ahora, producto de las indicaciones de los parlamentarios, se transformaría entonces en algo tremendamente dañino, además de fiscalmente inviable.

Entre sus propuestas, los parlamentarios reducen la edad para recibir los beneficios, cuando existe consenso de que se requiere exactamente lo contrario, dado el problema demográfico.

Por otra parte, a pesar de la compleja situación fiscal, aumentan la cobertura y el monto de los aportes, junto con cortar la tabla de mortalidad, sin definir cómo se financiarán las pensiones de aquellos que vivan más que el promedio y de sus sobrevivientes. Plantean también que las administradoras se hagan cargo de las pérdidas del fondo cuando haya retornos negativos, sin considerar que en esa situación no habría empresas dispuestas a administrar, y de hacerlo, sería a costa de retornos cercanos a cero, para evitar cualquier riesgo. Como si lo anterior fuera poco, reducen la tasa de cotización, estableciendo que ésta debe financiar además la comisión de administración.

En materia de exenciones tributarias las posturas también se extreman, estableciendo que las ganancias de capital tributen en el régimen general de rentas, es decir con la tasa máxima de global complementario, lo que haría prácticamente inviable el financiamiento accionario de las empresas, destruyendo el emprendimiento. Por supuesto, varias de estas indicaciones son inconstitucionales, tema que ya parece no incomodar a los parlamentarios.

El riesgo es impedir la mejoría del Pilar Solidario y dañar a dos millones de jubilados.

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