Contraloría: el deber de dar certeza jurídica

na de las fortalezas más resaltadas de Chile es su estabilidad institucional, y sin duda un órgano público que históricamente ha encarnado con gran claridad esta fortaleza —haciendo prevalecer el Estado de derecho y la consistencia jurídica a través de los años, a pesar de cambios sociales, económicos y políticos— es la Contraloría General de la República.

De ahí surge, precisamente, cierta preocupación que hemos recogido en diversas notas por algunas intervenciones recientes del organismo contralor que han sido controvertidas. Desde los cambios en materia de regulación urbanística —como en las declaratorias de monumentos nacionales, o la invalidación de permisos de construcción en Santiago— hasta los dictámenes en asuntos medioambientales, sanitarios o municipales, los afectados y algunos expertos no distinguen un hilo conductor jurídicamente trazable.

Los mismos hechos esenciales sometidos a normas no modificadas deberían resultar en criterios idénticos o, al menos, consistentes. Se ha vuelto imprescindible, entonces, que la facultad dictaminante entregue estándares mínimos de estabilidad, quizás lo más cercano que tengamos en nuestro sistema legal a un “precedente”. De igual forma, Contraloría debe presentar sólidos argumentos para sustentar cambios de criterio que, como en los casos mencionados, han transmitido una relativa incertidumbre a los entes que fiscaliza y, por añadidura, a los administrados.

La Contraloría siempre ha constituido el paradigma de la certeza jurídica, la razón por la cual los ciudadanos confían en que los criterios interpretativos que obligan a toda la administración permanecerán estables (de no mediar cambios normativos, por cierto). Eso entrega tranquilidad en cuanto a saber a qué atenerse respecto de la actuación del Estado, más allá de que se compartan o no esos criterios.

Dicha certeza tiene un valor, una expresión concreta, económica o jurídica, a la hora de tomar decisiones.