Contraloría y superintendencias

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ha protagonizado una serie de polémicas en el último tiempo, motivadas por el alcance de las auditorías que realiza el organismo que dirige en empresas o entidades públicas que hasta ahora se habían mantenido más bien al margen de su acción contralora.

Codelco ha sido la más debatida. Por su tamaño, relevancia en la economía o por el peso de su historia, la minera estatal normalmente es objeto de gran escrutinio y, en este caso, la disputa que sostuvo públicamente con el contralor llegó incluso a tribunales.

Ahora en la mira de la Contraloría está la Superintendencia de Bancos (Sbif), organismo que, como Codelco, ha enarbolado muchas veces la bandera de la autonomía en la toma de sus decisiones y, por lo mismo, defiende una independencia de los vaivenes políticos, que asegura es a rajatabla.

Bermúdez relató en una sesión de la comisión investigadora de Masvida en la Cámara de Diputados que la Contraloría había iniciado una fiscalización inédita en la Sbif y dijo que se había encontrado con un “problema de resistencia”.

Aparentemente, tal investigación tiene que ver con un análisis de la función fiscalizadora de la Sbif, un alcance de su labor que antes nunca había sido puesto en práctica.

Parece deseable que la Contraloría tenga amplias atribuciones, recursos y capacidad técnica para efectuar fiscalizaciones acordes a la necesidad de contar con empresas y organismos públicos que no sólo ocupen correctamente sus presupuestos, ese debería ser el mínimo exigible, sino que también sean eficaces y eficientes en su labor.