Corrupción en la justicia

as acusaciones de corrupción que remecen al territorio jurisdiccional de Rancagua parecen haber cruzado, al menos, dos líneas hasta ahora infranqueadas dentro del Poder Judicial.

La primera, de comprobarse que hay sustento en las denuncias conocidas a la fecha, es que la corrupción habría llegado al ámbito de los altos magistrados. En el pasado, los cuestionamientos se habían centrado en presuntas prácticas reñidas con la ética en materia de actuarios, pérdidas de expedientes, apuro o retraso de causas, junto con algunos casos puntuales de cohecho vinculados al narcotráfico. Un caso de posible compra de fallos, como el que se ventila en estos días —y especialmente a nivel de Corte de Apelaciones— no tiene precedentes.

Dicho esto, es valorable que la Corte Suprema haya hecho valer la presunción de inocencia en cuanto no se resuelvan completamente las investigaciones en curso.

Sin embargo, en un segundo plano, estos casos ponen de relieve falencias del modelo judicial, pues el actual diseño de carrera o jerarquizado abre espacios al tráfico de influencias, dado un sistema disciplinario y de autogeneración en que las Cortes superiores eligen las ternas o quinas de los jueces inferiores. Así, como volvió a quedar en evidencia con el reciente proceso de nominación de una jueza a la Corte Suprema, el Poder Judicial sigue teniendo el monopolio de la puerta de entrada al sistema, sin contrapeso inicial. Ello termina por favorecer a los jueces con mejores contactos en los tribunales superiores, independiente de sus méritos, tema que también ha sido vinculado a los nuevos estándares que ha señalado recientemente el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia.

Lo anterior debiera impulsar al Ministerio de Justicia a estudiar las modificaciones legales que permitan revisar las deficiencias del sistema de nombramiento de jueces, no sólo en el Poder Judicial, sino también el Tribunal Constitucional o el Banco Central. En lo inmediato, sin embargo, lo que corresponde es que la propia justicia muestre especial diligencia en investigar la posible corrupción de jueces en Rancagua y, de ser necesario, en aplicar ejemplarizantes sanciones.