Descentralización: las regiones y sus rentas

l calendario político-electoral está imponiendo las urgencias que por tanto tiempo se echaron de menos en la agenda de descentralización. Fijada ya la primera elección de gobernadores para octubre de 2020, restan por definir diversos temas en materia de competencias y atribuciones de las nuevas autoridades, pero especialmente preocupa establecer un sistema que les asegure un adecuado financiamiento para cumplir su rol.

Así, la discusión sobre las llamadas “rentas regionales” —que hoy provienen mayoritariamente del gobierno central a través de diversos fondos, en particular los de Desarrollo Regional (44%) y Apoyo a Regiones (28%)— se va tornando prioritaria, sobre todo cuando el gobierno da señales de querer condicionarla al avance legislativo de su proyecto de modernización tributaria. Faltando apenas año y medio para que debute una nueva institucionalidad regional, será importante cuidar que la presión de los plazos no signifique el debate apresurado de un asunto tan estratégico como éste.

Acertadamente, y pese a no pocas presiones, el Ejecutivo ha descartado crear nuevos impuestos regionales como fuente de recursos. Cerrar esta puerta, sin embargo, obliga a replantear los mecanismos mediante los cuales se definen y asignan los fondos desde el gobierno central: hacerlos más eficientes, más transparentes, con menor discrecionalidad y mayor rendición de cuentas. La insistencia por simplemente aumentar los recursos que se entregan a regiones, sin tener en cuenta éstos y otros factores, parece desconocer las complejidades inherentes a un nuevo diseño institucional (y a la buena administración).

Este gobierno ya tiene una ambiciosa agenda legislativa de reformas que deberá impulsar con fuerza este año. Al mismo tiempo, el programa con el que fue elegido contiene una nutrida agenda descentralizadora. Conciliar ambas de forma productiva será parte central de su desafío político y, también, de su legado.