Editorial

Deuda por servicios básicos: ¿discusión invisible?

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n agosto del año pasado, cuando las familias vivían un momento crítico por la caída de ingresos producto de la pandemia, se aprobó la Ley de Servicios Básicos, que prohibía el corte de servicio eléctrico y sanitario por no pago de la cuenta. La vigencia original de 90 días fue extendida en noviembre por otros 270 días; y en mayo pasado se aprobó ampliarla una vez más durante lo que resta de este año.

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El sentido original de la ley no requiere explicación, pero su prórroga durante un año y medio, y el hecho de que no distingue entre clientes según sus niveles de necesidad, han generado una deuda acumulada que supera los 600 millones de dólares y representa a 1 , 5 millones de clientes (electricidad, agua y gas), según datos de las superintendencias de Servicios Sanitarios, y de Electricidad y Combustibles.

Se trata, indudablemente, "de uno de los problemas sociales, derivados de la pandemia, más grandes que tiene el país en la actualidad", como lo describió el titular de la Asociación de Empresas Eléctricas en una columna reciente. En la industria eléctrica en particular -donde la distribución es el único sector, por cierto, en que recae el costo de la medida, lo que algunos consideran una clara deficiencia de la ley-, es notorio cómo la norma ha generado incentivos incorrectos, dado que el 33% de los clientes con mayor consumo concentra el 57% de la deuda.

Desde luego, continuar extendiendo este beneficio es no sólo inviable financieramente para las empresas, sino que ha dejado de justificarse en vista del cambio positivo en la evolución de la economía respecto de 2020, y sólo arriesga incentivar el sobreconsumo y el sobreendeudamiento. Es preciso mantener un foco en aquellas familias que comprobadamente no pueden costear los servicios básicos, y diseñar esquemas realistas de solución para el resto, pero sin dar la impresión de un "perdonazo" que solo reforzaría los malos incentivos señalados, además de significar una carga financiera insostenible para las empresas.

En la discusión pública, por desgracia, no se percibe el sentido de urgencia que exige la magnitud de este problema.

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