Diálogo ciudadano y proyectos de inversión

uestra edición de ayer consignaba que, según la plataforma digital del Instituto Nacional de Derechos Humanos hay actualmente 63 focos activos de conflicto medioambiental y 30 latentes, la mayoría centrados en actividades de la industria energética, seguida por minería y saneamiento ambiental. Se trata de proyectos de distinto tipo que se encuentran entrampados en el proceso de discusión y aprobación por parte de las comunidades involucradas más directamente, una problemática que se ha visto en muchos casos por largo tiempo.

A fines de julio pasado ingresó a la Cámara de Diputados la propuesta del gobierno que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una de cuyas facetas contempla una etapa de participación ciudadana en forma previa al ingreso de un proyecto al procedimiento de evaluación ambiental. El objetivo es que, a través de un diálogo temprano entre las comunidades y las empresas, pueda reducirse la posibilidad de bloqueos que podrían evitarse, para de esa forma dar más certeza jurídica a los titulares de los proyectos de inversión, a los ciudadanos y al propio Estado.

Fue una buena señal que la anterior ministra del Medio Ambiente le diera una temprana prioridad a esta iniciativa en la agenda de su cartera y del gobierno. Si bien no es del todo claro que con ella se gestione mejor el impacto de alegatos comunidades en segunda instancia de las evaluaciones ambientales, se trata al menos de un claro intento por normalizar esa materia, lo que en sí mismo representa un buen paso.

El país consensuó hace años que el necesario desarrollo económico debe construirse sobre niveles razonables de armonía con el entorno de los proyectos de inversión y con la participación activa de las comunidades que conviven con ellos. Es clave encontrar un equilibrio que ayude a que los proyectos actualmente detenidos, siempre que se ajusten a las reglas, puedan seguir adelante.