Editorial

Discusión sobre impuesto al patrimonio

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yer se aprobó en la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre el llamado “impuesto a los súper ricos”, que busca establecer un gravamen de 2,5% -por una única vez- a quienes posean más de 22 millones de dólares en patrimonio neto.

Desde luego, esta discusión se da en un marco de inédita presión fiscal debido a la pandemia, lo que a su vez eleva la presión política para idear formas de engrosar el erario y así hacer frente a las crecientes obligaciones que el Estado ha adquirido -y sigue adquiriendo- para paliar el impacto económico de la emergencia sanitaria. De hecho, el Ejecutivo está justamente iniciando conversaciones con su sector para estudiar vías de aumentar la recaudación, si bien con instrumentos “lo menos distorsionadores posible”, como dijo el titular de Hacienda en alusión al impuesto al patrimonio.

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Sin embargo, como en otras iniciativas recientes, la tramitación de ésta avanza sin que al parecer se tengan en cuenta ni los argumentos técnicos en contra, ni la experiencia comparada, que no es favorable a este tipo de tributo por sus probadamente escasas eficiencia (alto costo) y eficacia (baja recaudación). Todo lo cual tiende a reforzar la impresión de que, más que una herramienta efectiva de política fiscal, el impuesto al patrimonio es visto por parlamentarios de oficialismo y oposición como una baza política en un año intensamente electoral.

Por cierto que las falencias de técnica legislativa que se han señalado en el proyecto opositor dejan entrever dicha premura, entre ellas, que ni siquiera es claro cuál es el hecho gravado, como tampoco el universo real de contribuyentes afectados (que sus impulsores suponen muy superior a lo que estima el SII).

Es innegable que la dura y compleja crisis por la que atraviesa el país obliga a ser innovadores en las respuestas para enfrentarla. Pero no todas las ideas tienen igual mérito, y la responsabilidad y la prudencia son siempre mejores guías para pensar las leyes (y los impuestos) que la pasajera conveniencia electoral.

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