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Editorial

Efectos de la Ley de Inclusión Escolar

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La semana pasada hubo una reaparición de las colas nocturnas de apoderados esperando obtener un cupo para sus hijos en el colegio de su preferencia, lo que ha reabierto el debate sobre los efectos de la Ley de Inclusión Escolar.

Las colas son una consecuencia clara y concreta de esta ley, pero hay otros efectos aún más graves, que por no ser tan evidentes como las colas no han tenido la misma atención. De acuerdo a lo anunciado por la ministra de Educación en la sesión especial citada por la Cámara de Diputados con el fin de evaluar los avances de la reforma, a la fecha habría 1.744 establecimientos particulares subvencionados que ya cumplen con la obligación de estar organizados como personas jurídicas sin fines de lucro.

Lo que no mencionó la ministra es que hay otros 3.306 establecimientos particulares subvencionados que no están organizados como personas jurídicas sin fines de lucro, y que por lo tanto no cumplen con las condiciones para seguir recibiendo recursos públicos.

Como resultado se tiene que más de 1.000.000 de estudiantes no tiene certeza de que su establecimiento podrá seguir funcionando el próximo año, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la matrícula total del país.

Es cierto que de los 3.306 establecimientos que aún tienen fines de lucro, hay 1.289 que ya comenzaron los trámites para revertir esta situación. Sin embargo, el hecho de que existiera un beneficio asociado a realizar el trámite antes del 30 de junio de este año, hace pensar que podría haber establecimientos que por no perder la oportunidad de acogerse al beneficio, decidieron iniciar el trámite sin que esto signifique que lo vayan a concretar.

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