Editorial

El costo de un debate mal llevado

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na característica preocupante del debate público reciente es la frecuencia, casi la regularidad, con la que distintos actores —personas, empresas o instituciones varias— han hecho llamados a cuidar las formas y el tono. No se trata solamente de ser respetuosos con el lenguaje, lo que desde luego siempre es necesario, sino de evitar el uso deliberado de un discurso de caricaturas, medias verdades y, a veces, falsedades, que distorsionan la realidad e impiden debatir sobre la base de argumentos.

Que se prolongue una discusión pública con esas características tiene costos, en especial cuando se trata de temas de alcance estratégico como las reformas estructurales en el Congreso (impuestos, pensiones, salud, trabajo). Lo expresó sin rodeos el presidente de la CPC al referirse al decepcionante 1,9% en el Imacec de marzo, que significa un crecimiento del 1,8% para el primer trimestre del año: “Hay que decirlo con mucha fuerza, también aquí hay una responsabilidad muy importante en el Imacec del primer trimestre de la mala forma en que se han discutido las reformas”. Esto, a juicio del dirigente gremial, produce un deterioro en las expectativas que se evidencia, entre otras cosas, en la caída de la confianza empresarial y la incertidumbre entre los inversionistas extranjeros.

Este diario se ha sumado a los llamados por elevar la calidad del debate, porque de ello depende la calidad de las leyes que salgan del Congreso, y también porque eso importa para la calidad de nuestra democracia. Actitudes como el cerrado rechazo de algunos a la propuesta de flexibilidad laboral del Ejecutivo, nuevamente con más consignas que razones, sugieren que prevalece el ánimo poco constructivo y obstruccionista de discusiones legislativas anteriores, cuando incluso la idea de legislar cambios importantes fue puesta en duda.

Poco puede sorprender que un clima político así ya esté teniendo un impacto en la economía, como creen en la CPC.

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