El país herido y la respuesta necesaria

¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento pasamos de una protesta escolar por el alza del pasaje del Metro (a los adultos) a un estado de emergencia en varias regiones del país? ¿Cuáles son las causas, cómo las enfrentamos y a quiénes les corresponde hacerlo? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué nos dice lo que está ocurriendo sobre el país que hemos construido?

En esta edición, un analista sostiene que de las respuestas a interrogantes como éstas depende el futuro del país en las próximas décadas. Si esto es así, significa que la actual crisis tiene raíces muy profundas, así como causas estructurales que trascienden con creces al gobierno de Sebastián Piñera. Ese sería un fracaso tremendo para toda una generación de líderes políticos que ha dirigido el país desde los complejos tiempos de la transición post dictadura hasta los días de la cuarta revolución industrial. Corresponde, entonces, un serio y responsable autoanálisis de nuestra clase gobernante.

Pero primero, después de tres días de violencia que bien podría continuar durante esta semana, es indispensable condenar los chocantes desmanes vandálicos que hemos visto desde el viernes pasado. Como decía ayer con indignación ante las cámaras de TV una trabajadora del Metro, "aquí se confunde la protesta social con vandalismo". Y en efecto, incendiar, saquear y destruir todo tipo de locales—estaciones de Metro, supermercados, farmacias, colegios, edificios públicos— no puede caber dentro de la definición de manifestación, no en una sociedad democrática que vive en paz y que no atraviesa una coyuntura crítica, ni económica ni política ni social.

Dicho esto, es claro que los innegables avances que Chile ha realizado en todos los ámbitos en los últimos 40 años, y que este diario defiende con convicción, resultan insuficientes para un importante, quizás mayoritario, número de chilenos. Los motivos son variados y legítimos: las bajas pensiones, la pobre calidad de la educación, la deficiente salud pública, la vulnerabilidad del empleo. También, por cierto, la percepción de que existe una elite empresarial y política que puede pasar por encima de las reglas sin pagar los costos.

Los cacerolazos que empezaron incipientes el viernes y sábado, pero que ayer arreciaron, son reflejo de esas preocupaciones. Que en el proceso ello se entienda, de alguna manera, como una suerte de validación tácita de los actos vandálicos es una lamentable e injusta consecuencia.

Con todo, lo anterior no implica desconocer el muy deficiente manejo político de esta crisis, que pudo haberse enfrentado —y tal vez contenido a tiempo— con medidas efectivas de control policial en las estaciones de Metro, cuando eran un fenómeno relativamente acotado. Pero hacia el final de la semana era evidente que se requería una respuesta de orden político que recién ayer comenzó a articularse, cuando la suspensión del alza del Metro se había mostrado insuficiente.

Esta decisión, por lo tardía, no bastó, y se sumó a gruesos errores comunicacionales de ministros y del propio Presidente que avivaron las llamas. La escasa presencia de otros actores políticos —tanto de gobierno como de oposición— amplificó la sensación de lejanía de la clase dirigente. Más aun, la decisión de declarar estado de emergencia —con llamado a los militares y toque de queda— parece haber sido puesta en práctica con titubeos, o al menos así lo sugiere la patente falta de efectivos policiales y militares en varios de los focos de violencia, donde turbas de encapuchados y saqueadores pudieron actuar con casi total impunidad, intensificando la sensación de vacío de autoridad.

Con todo, especialmente reprobable fue la actitud asumida por personeros del Frente Amplio y el Partido Comunista, que en lugar de sumarse a la condena de la violencia, escogieron justificarla como la legítima expresión de una ciudadanía frustrada. La instrumentalización política de la crisis llegó al punto de pedir una nueva convocatoria a elecciones, y de increpar duramente a soldados ante las cámaras de televisión, con la certeza absoluta de que su investidura parlamentaria o sus cargos edilicios los protegían de actos que, siguiendo la ley, habrían significado la detención de cualquier ciudadano. Aquí podría haber, incluso, casos que presentar ante la justicia por incitación a la violencia.

La cita de ayer entre el Presidente y los representantes de los otros poderes del Estado fue el inicio, esperamos, de una respuesta institucional que procure una salida. Preocupa, sin embargo, que ello sea utilizado para desconocer las propuestas que le dieron a este gobierno una contundente victoria en las urnas.