Editorial

En Perú, el Congreso contra el Presidente

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a elección ayer por parte del Congreso peruano de un nuevo Presidente de la República interino debería servir, en lo inmediato, como un respiro en la aguda crisis política de nuestro vecino. Esta se remonta al menos a 2017-2018, cuando el Congreso intentó dos veces destituir al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente optó por dimitir. Su vicepresidente y sucesor, Martín Vizcarra, luego de un año de constante pugna con el Legislativo, anunció su disolución en 2019.

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No obstante, el Congreso nacido de la elección extraordinaria de enero de este año continuó su conflictiva relación con el Presidente Vizcarra, al cual votó destituir la semana pasada por acusaciones de corrupción cuando era gobernador. Nuevamente, el Presidente de la República dimitió bajo la intensa presión política del Legislativo, a pesar de que no ha sido procesado por la justicia por los cargos en su contra, y contando con el respaldo ciudadano. Su sucesor interino se mantuvo tres días en el cargo y renunció luego de violentas protestas. El nombrado ayer, entonces, es el cuarto Mandatario (tercero interino) que han tenido los peruanos en cuatro años.

Este enfrentamiento entre poderes del Estado —en que el Congreso incluso se arroga atribuciones de la justicia para prevalecer en su enfrentamiento político con el Presidente— es profundamente dañino para la democracia peruana, sin duda. Pero es también inquietante para otros países de la región, como el nuestro, donde la política se despliega cada vez más en una lógica de Legislativo versus Ejecutivo, incluso cruzando líneas ideológicas y partidarias.

En efecto, abundan en Chile las señales de lo que ya se ha comenzado a calificar, con preocupación, como el fantasma de un “parlamentarismo de facto”, en que el Congreso parece entender que su tarea va más allá de legislar, para asimilarse peligrosamente a cogobernar. La seguidilla de acusaciones constitucionales contra ministros y los resquicios usados para aprobar los proyectos de reforma constitucional sobre retiro adelantado de ahorros previsionales son sólo dos muestras de ello.

Es un camino por el que no debemos transitar.

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