Es cierto, la mochila era pesada

n medio de un clima de mayor optimismo sobre las perspectivas económicas del país, la decisión de la agencia Moody’s de rebajar la clasificación de riesgo de Chile enfrió algo los ánimos. Si días antes el alza en la proyección de crecimiento del FMI para nuestro país en 2018 —de 3% a 3,8%— representaba una mejora de las expectativas para el futuro inmediato, el castigo de Moody’s reflejó un juicio sobre el pasado reciente: el lastre que implica para las finanzas públicas la herencia fiscal del gobierno anterior. En concreto, un déficit fiscal que, en lugar de reducirse, creció a ritmo acelerado; y una deuda pública que se duplicó en el cuatrienio.

“La baja de calificación refleja el deterioro gradual, pero amplio, del perfil crediticio de Chile”, explicó la clasificadora. Desde luego, una evaluación así no se le puede achacar a una administración que acaba de asumir y sólo puede significar que, contrariamente a lo que aún sostienen muchos en la oposición, el legado fiscal de cuatro años de la Nueva Mayoría sí será una carga para el país en los años venideros, y condicionará en más de un sentido los márgenes presupuestarios del actual Ejecutivo.

Reconocerlo es importante y la ciudadanía debe sacar conclusiones políticas —al igual que los actores políticos de todo el espectro—, pero lo que urge es lo más complejo: redoblar los esfuerzos de contención del gasto, pues incluso la meta de reducir el déficit estructural en 0,2 punto porcentual por año es estimada insuficiente por las agencias clasificadoras de riesgo.

Esto se vuelve aun más difícil estando ad portas la discusión del Presupuesto 2019. En un escenario que pone más restricciones de lo normal a la manija fiscal del gobierno, es de esperar que oficialismo y oposición sean especialmente cuidadosos de mantener dentro de límites razonables la polarización, para que ésta no impida la discusión responsable del gasto público que el país necesita.