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Editorial

Financiamiento de la reforma

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l proyecto de reforma al sistema de pensiones ha dado lugar a críticas desde ambos bandos del espectro político. Los cercanos al gobierno consideran un error destinar un 3% de la cotización adicional para financiar un sistema con componentes de reparto –mecanismo no sostenible en el largo plazo, considerando las tendencias demográficas-, el cual adicionalmente tendría efectos contraproducentes en el mercado del trabajo fomentando incluso una mayor informalidad, que es precisamente una de las causas de las bajas pensiones actuales. Los sectores de oposición, por el contrario, estiman que toda la cotización adicional (6%) debería orientarse al financiamiento del fondo solidario, por cuanto esta sería la única forma de poder lograr un mejoramiento sustantivo de las pensiones a todos aquellos que no alcanzan –o no van a alcanzar- una pensión autofinanciada que se considere suficiente.

Luego de la presentación formal de las indicaciones al proyecto de ley se han acrecentado las dudas acerca de la viabilidad financiera de la propuesta, ya que los montos involucrados son significativos: se estima que en estado de régimen el costo anual bordearía los US$ 1.800 millones, cifra bastante cercana a la recaudación total que se estima obtener con la reforma tributaria en curso. Y a esto habría que agregar los aproximadamente US$ 650 millones de préstamo inicial que debería realizar el Estado para poder empezar a pagar los beneficios desde un inicio. Las autoridades de gobierno han señalado que la cotización de 3% que no va a ir a cuentas individuales no será administrada con la lógica tradicional de los sistemas de reparto, sino que se utilizará para financiar un sistema de ahorro colectivo, del cual solo una parte se va a destinar a fines puramente solidarios. Sostienen que el sistema va a ser capaz de autofinanciarse, e incluso de devolver el préstamo inicial que se solicitará al Estado. En momentos de gran incertidumbre respecto de las tendencias fiscales, con voces de alerta de parte de las clasificadoras de riesgo, el gobierno haría bien en clarificar a la brevedad el modelo y los supuestos considerados para fundamentar su posición. Mayor claridad en este tema es fundamental para orientar la discusión que viene.

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