Editorial

Hacia una Alta Dirección Pública 2.0

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n sólido 80% de los miembros del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica concuerda con que “el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) ha sido un aporte significativo al desarrollo de una mejor gestión pública en Chile”, según encuesta conjunta de Tele13 Radio y Diario Financiero.

Esa valoración positiva es, en términos generales, una buena noticia, en tanto confirma que la institucionalidad creada en 2004 ha sido un avance respecto de lo que existía previamente en materia de gestión del Estado. Con todo, los matices que resaltan los propios encuestados dan cuenta de una tarea que, en el mejor de los casos, está a medio hacer, puesto que hasta ahora ha sido imposible desvincular significativamente la administración pública profesional de la gestión política (siguiendo la agenda del gobierno de turno).

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En esencia, el sistema de ADP ha servido bien al propósito de que ocupen puestos de alta responsabilidad en la administración pública personas que, objetivamente, cumplen ciertos requisitos de calificación y experiencia fijados para esos cargos. Sin duda que allí hay un avance en calidad de gestión.

Con todo, esa evidente mejora pierde mucho de su impacto positivo duradero, al contrastarse con la alta tasa de remplazo de esos mismos funcionarios con cada cambio de gobierno, que puede ser del orden de 70% u 80% en el primer año y medio de mandato. Así, la idea del funcionario “de confianza” sigue primando por sobre la de un auténtico “servicio civil” que aborde la administración pública desde el prisma del Estado (que permanece) y no del Ejecutivo que se renueva cada cuatro años.

Falta, entonces, iniciar una “segunda etapa” en el trabajo de la ADP, lo que sólo parece posible si desde el mundo político se impulsa decididamente un cambio hacia garantizarle una mayor autonomía al sistema. En un año de propuestas electorales, ese sería justamente un cambio en sintonía con las demandas de un mejor Estado.

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