Editorial

Impuesto inflación: ineficiente y regresivo

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a inflación es mirada con recelo cuando ésta supera los mínimos técnicos recomendables para dar fluidez al funcionamiento de la economía (entre 2% y 3% anual). Los aumentos de precios que ocasiona incrementan el costo de la canasta de consumo, y habiendo un desfase con los reajustes de remuneraciones, inevitablemente se produce una merma en el poder adquisitivo de la población.

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Pero el concepto de “impuesto inflación” va más allá. Técnicamente, se define como la pérdida de valor que sufren todos quienes mantienen saldos monetarios en su poder, ya sea en billetes físicos o en cuentas bancarias. Considerando que las personas necesitan mantener dinero para realizar transacciones, la desvalorización de la moneda debida a la inflación se traduce en un impuesto que termina siendo pagado por quienes poseen dichos saldos monetarios.

Quienes tienen la posibilidad de “escapar” de este impuesto son aquellos que pueden disminuir al mínimo sus saldos, transfiriendo fondos a instrumentos financieros de corto plazo, por los cuales reciben el pago de algún interés que los compense del efecto de las alzas de precios. Quienes quedan más desprotegidos son los deben mantener una mayor proporción de sus ingresos o ahorros en la forma de dinero, y enfrentan a su vez mayores dificultades para acceder a instrumentos que los protejan.

En simple, los más perjudicados son los sectores de más bajos ingresos, y es por ello que la inflación -que es un tributo encubierto- puede catalogarse de ampliamente regresiva.

Los niveles inflacionarios que registra Chile en las últimas décadas han estado alineados con los rangos mínimos definidos por el Banco Central, un logro histórico gigantesco, y que llegó a su punto cúlmine en 1973, cuando el déficit fiscal fue un 25% del PIB y tuvo que ser financiado con emisión de dinero, es decir, con impuesto inflación (más de 500% subió el IPC ese año), lo cual provocó una desestabilización absoluta del país.

Para Chile eso ya es historia, pero es bueno recordarla cuando surgen voces proclives a “relajar” los criterios con los que se maneja la política monetaria y que cuestionan la autonomía del Banco Central.

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