Incendios y conflicto mapuche: error no forzado

 estas alturas ya no caben dudas de que fueron desafortunados los dichos del ministro de Interior subrogante vinculando algunos de los focos de incendio en el sur del país con la expresión radical de la causa mapuche. Es obvio que el ministro no pretendía establecer una causalidad directa y exclusiva entre ambos temas —como han dado a entender algunos personeros de la oposición—, pero sus palabras dieron pie, precisamente, a esa interpretación, generando innecesarios costos políticos al gobierno.

Las pruebas están a la vista: el ministro de Agricultura pasó un momento incómodo al ser consultado por la prensa sobre los dichos de su colega en Interior; parlamentarios oficialistas y de oposición terciaron a favor y en contra de éste; él mismo se sintió forzado a presentar ejemplos para justificar su controvertida aseveración (a su vez objeto de debate); y ayer el propio Presidente de la República salió públicamente a defender a su secretario de Estado, llevando la polémica a un nivel que nunca debió haber alcanzado.

Lo anterior es lamentable por una razón más de fondo que la reyerta política entre partidarios y detractores del gobierno. Aunque por motivos distintos, tanto los incendios forestales como la violencia en La Araucanía son temas de alta sensibilidad; y paradojalmente, en ambos este gobierno ha mostrado una proactividad que se echaba en falta.

Respecto de los incendios, parece claro que esta administración ha sido más previsora y efectiva que la anterior ante un problema que todos los años causa estragos, y que sobre todo en 2017 dejó ejemplos de gran incompetencia estatal. Así, a esta fecha las hectáreas quemadas serían “un tercio del promedio de los últimos cinco años”, según dijo el Mandatario. Y si bien todavía están por verse los frutos —especialmente en materia de seguridad y respeto de la ley en la zona—, este gobierno ha hecho un intento por abordar el conflicto en La Araucanía con otros enfoques.

Errores como éste, lamentablemente, también restringen el margen de maniobra política del Ejecutivo en otras áreas.