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Editorial

Incentivos en el sector público

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Tras dos décadas de funcionamiento, el ministerio de Hacienda se encuentra evaluando un profundo ajuste a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que en lo esencial asocian el cumplimiento de objetivos institucionales a incentivos monetarios para los funcionarios del Estado.

Los PMG cubren 194 entidades y servicios públicos y más de 87 mil trabajadores, y su costo de operación, con cifras a 2015, asciende a $ 13 mil millones.

Para avanzar en esta actualización, Hacienda encargó un estudio al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el que emitió un duro diagnóstico sobre el modelo y propuso cambios. A partir de este documento, la cartera está evaluando modificaciones en una mesa de trabajo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Una de las críticas del informe de la Universidad de Chile es que el sistema se ha ido desvirtuando con el tiempo y hoy, independiente del cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, el incentivo monetario es parte de la remuneración que percibe el funcionario público. Por eso se da en las instituciones estatales el denominado gaming, que no es otra cosa que fijar metas que se sabe que se van a cumplir.

El documento elaborado por dicha universidad es lapidario es este punto, al señalar que el modelo tiene en la actualidad “más costos que beneficios, en desmedro de la gestión pública”.

Creado como un mecanismo de impulso al mejoramiento de la eficacia en la administración del Estado, su evolución claramente debe ser revisada y modificada en lo que sea necesario para que vuelva a cumplir su objetivo.

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