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Editorial

Informe de Transparencia Internacional: ¿Es Chile un país más corrupto?

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Imagen foto_00000001yer se dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que realiza todos los años Transparencia Internacional y que mide al sector público de 180 países. No trajo buenas noticias para Chile. Los últimos cuatro años muestran un retroceso sostenido en la posición relativa que ocupa nuestro país en el ranking, pasando del lugar 21 al 27.

A nivel global los resultados tampoco son alentadores. Desde 2012, sólo 20 países han mejorado significativamente sus puntajes. Peor aún, 16 países han reducido de manera importante su ranking y la gran mayoría de países ha tenido muy poco progreso o ninguno en absoluto. El promedio de los 180 países medidos fue de 43 (de un total de 100 puntos).

Sin embargo, puede resultar imprudente sacar conclusiones apresuradas. Esto, porque el IPC es un índice que mide el nivel de corrupción percibida en autoridades políticas y funcionarios públicos. Es un índice compuesto, una combinación de encuestas y evaluaciones, recopiladas por una variedad de instituciones como el World Economic Forum y The Economist Intelligence Unit, entre otros.

Si bien es cierto que existe un estrecho vínculo entre corrupción y debilitamiento de la democracia, no es posible deducir de este índice que el incremento en percepción sea equivalente a mayor corrupción. Muy probablemente los últimos casos que han sacudido al país –como el fraude en Carabineros y el financiamiento irregular de campañas políticas- haya incidido en la forma en que la gente percibe este fenómeno.

Lo que sí estaría mostrando con mayor claridad este índice es corrupción que no teníamos en el radar y que no estábamos detectando.

Nada asegura que en 2019 no conozcamos nuevos casos de corrupción. No obstante, una buena noticia fue la reciente promulgación de la ley que sanciona la corrupción entre privados y que crea delitos como la administración desleal de patrimonio y la corrupción entre particulares, además de aumentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma a las fuerzas armadas y de orden es de primera prioridad también, junto con un fortalecimiento del ministerio público.

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