Informes de productividad
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Siguiendo estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo presentó en noviembre de 2016 un instructivo mediante el cual instruye a los ministerios del área económica a elaborar informes de productividad en las etapas tempranas de los procesos legislativos del país.
Este requerimiento debutó con el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y se aplica para todas aquellas nuevas normas que tengan un impacto regulatorio, es decir, que puedan modificar los incentivos o el comportamiento en ámbitos económicos.
En el contenido de estos informes se debe identificar el problema que se quiere resolver y dar cuenta de los objetivos que se busca alcanzar, indicar qué otras opciones o alternativas de política se consideraron y hacer un análisis sobre los costos y beneficios asociados a la implementación de la nueva norma.
Al analizar los informes ya confeccionados se constata que éstos efectivamente incorporan los elementos exigidos en el instructivo presidencial, pero se percibe también una carencia de profundidad en el análisis, especialmente en lo que dice relación con la evaluación de propuestas alternativas.
A pesar de lo anterior, estos informes apuntan en la dirección correcta y es de esperar que se perfeccionen en el tiempo de manera que se transformen en un aporte real para nuestro marco regulatorio, permitiendo rediseñar malas políticas. De esta manera se evitaría, al menos en parte, que a futuro se ingresen proyectos como los que se han presentado en los últimos años, que probaron tener impactos muy negativos sobre la productividad.
