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Lunes 27 de Marzo, 2017

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Editorial

20/03/2017

Institucionalidad ambiental en entredicho

  • El rechazo del proyecto minero Dominga causó amplia consternación. No solo se echó por tierra (al menos por ahora) un proyecto de US$ 2.500 millones –que además crearía 10.000 puestos de trabajo durante su construcción y 6.000 empleos directos e indirectos una vez en operación– sino que, más grave aún, puso en entredicho nuestra institucionalidad ambiental.

    Las dudas respecto de la pertinencia y eficacia del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) no son nuevas, pues se suman a otros casos anteriores como el de HidroAysén. Coincide en ambos la percepción de que las decisiones políticas se antepusieron a los argumentos técnicos y que, por tanto, el sistema no estaría cumpliendo el objetivo para el cual fue creado.

    No parece justo evaluar el desempeño del SEIA a la luz solo de estos casos, puesto que hay muchos otros proyectos que han seguido su curso normal y cuyo paso por el sistema ha permitido introducir mejoras sustanciales. No obstante, el conflicto que enfrentan proyectos de mayor envergadura o connotación resulta evidente, dadas las presiones políticas y sociales que pesan sobre quienes deben pronunciarse al respecto.

    La Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA propuso hace un año un mecanismo diferenciado de evaluación ambiental para proyectos estratégicos, que permitiera un acercamiento temprano de estos proyectos a las comunidades y la administración. Otras propuestas de expertos han apuntado, en cambio, a la eliminación definitiva de las instancias políticas de los procesos de evaluación de los proyectos.

    Dado el contexto, no sería de extrañar que surjan nuevas propuestas de cambio en los meses venideros.

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