Institucionalidad ambiental y desarrollo

 as crisis medioambientales, como las que el año pasado afectaron a las comunas de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, suelen tomarse la agenda brevemente para poner en evidencia las fallas de la institucionalidad ambiental. Por eso vale la pena destacar un par de noticias más bien alentadoras que ocuparon la portada de DF el viernes pasado, pues muestran que sí puede haber mejoras en esta compleja temática.

En general vemos con suspicacia el aumento de gasto público para hacer crecer el aparato estatal, pero a la luz de las exigencias que se le hacen, parece razonable el incremento de 12% en el presupuesto de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para 2019, con lo cual se eleva a $ 11 mil millones. Junto con sumar fiscalizadores y abrir una oficina en la nueva Región del Ñuble, se trata de más que un simple aumento de dotación, ya que habrá más apoyo de sistemas informáticos y más acento en dar incentivos para cumplir las metas. Aunque de alcance acotado, este aumento de recursos parece en línea con el propósito de hacer que los entes estatales sean más eficientes y eficaces.

Por otra parte, también resulta positivo constatar una reducción en el número de proyectos rechazados durante su trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental el año pasado (22), con lo cual se recupera la relativa tendencia a la baja que se observaba desde 2010 (cuando fueron 58).

Es importante que las instituciones del Estado encargadas de esta materia cuenten con recursos para hacer cumplir las normas y los estándares exigidos, como también que esa acción fiscalizadora no se vuelva una traba excesiva a proyectos de inversión que el país necesita. Un aparato estatal moderno debe estar a la altura de ambos propósitos.