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Editorial

Inteligencia artificial: ¿responsable ante la ley?

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uestra edición de ayer dio cuenta de noticias muy relevantes para la agenda de este diario y de nuestros lectores: una gran operación bursátil en Clínicas Las Condes, la réplica de American Airlines a la alianza entre Latam y Delta, la cita entre el Presidente Piñera y los empresarios, y los resultados económicos del tercer trimestre, entre otros temas de interés.

Sin embargo, quizás de mayor importancia en el largo plazo para el futuro de la sociedad en su conjunto sea lo que planteó nuestra entrevista con el director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho de México, en la cual éste abordó uno de los más complejos desafíos —legales, económicos, políticos y éticos— de la revolución industrial: la responsabilidad jurídica de los entes de inteligencia artificial. Esto es, hasta qué punto podrán ser civil y penalmente responsables por sus decisiones las entidades cibernéticas (o sus creadores) que influyen cada vez más en la vida de las personas, desde vehículos no tripulados y sistemas de seguridad, a algoritmos que determinan el acceso a servicios o definen tasas de interés.

En sus crecientemente numerosas y frecuentes interacciones con los seres humanos, estas inteligencias artificiales —capaces de aprendizaje autónomo, pero no inmunes a posibles sesgos de sus programadores— ya plantean desafíos regulatorios de los que apenas somos conscientes, y que ciertamente aún no permean nuestro debate público (donde sí se imponen, desafortunadamente, discusiones inconducentes y costosas como la acusación constitucional rechazada esta semana). Sin duda el mundo del derecho deberá asumir en esto un papel clave, quizás incluso de liderazgo, pero avanzar en estas materias también pasa por un complejo proceso de orden social y cultural, donde será fundamental una reflexión que contribuya a superar miedos y prejuicios que calan muy hondo.

Los acelerados cambios asociados a la disrupción tecnológica imprimen un sentido de urgencia a estos debates, que por algo hoy están en la prensa y no sólo en el ámbito académico. Como primer paso, es preciso bajar del plano de la opinión técnica experta al de la opinión pública informada.

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