Investigación de estafas piramidales
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La comisión de la Cámara de Diputados que investiga las responsabilidades de los organismos públicos en las posibles estafas piramidales ha sido un escenario propicio para identificar distintas miradas sobre este tipo de delitos, que han acaparado la atención de la ciudadanía a partir de las denuncias conocidas en el último tiempo.
Entre quienes han expuesto ante los diputados ha habido algunos aspectos que concitan alto consenso y que permiten anticipar conclusiones generales. Uno de ellos es que las estafas piramidales son normalmente lideradas por personas que tienen la habilidad de engañar a otros y que, por tanto, no es simple detectar que detrás de su oferta existe un delito. El alto número de víctimas y el cuantioso monto de dinero involucrado parecen confirmar esto.
Como consecuencia de lo anterior, surge también la deducción de que quienes se entusiasman con modelos de negocios tan atractivos tienen, por lo general, escasos elementos de juicio o información para darse cuenta de que se trata de apuestas altamente riesgosas. La autoridad, por su parte, no cuenta con los recursos ni técnicos ni humanos ni institucionales para controlar este tipo de operaciones, que pueden llegar a repetirse por miles en el país.
No hay completo acuerdo respecto de cuánto de la responsabilidad en prevenir estos hechos corresponde a cada individuo y cuánto a los organismos públicos. No obstante, sí es evidente que la mayor diligencia de los funcionarios del Estado es una exigencia del todo razonable, sobre todo cuando una advertencia oportuna ante una denuncia o una sospecha de fraude puede evitar que muchas personas sufran pérdidas de dinero importantes.
