Justicia y descrédito de las instituciones

El desprestigio que amenaza a la actividad política y a una parte de la empresarial a partir de los escándalos que han sacudido al país en los últimos meses ha llevado a que la atención esté volcándose en forma creciente hacia al Poder Judicial y en particular al Ministerio Público, poniendo sobre estas instituciones la exigencia de constituirse en verdaderos paradigmas del hacer correcto.

Se trata de una demanda que surge de la ciudadanía y que de seguro convoca la atención de jueces y fiscales, considerando que el marco en que se desarrolla su labor en estos días es de altísima exposición mediática.

Con todo, parece ser que tanto el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, como el fiscal nacional, Sabas Chahuán, han entendido las obligaciones que conlleva el nuevo escenario en el que se desenvuelven, y, más relevante aún, parece ser que han decidido enfrentarlas.

Muñoz sorprendió al mundo político al plantear en su discurso de apertura del año judicial que debería evaluarse la conveniencia de persistir con el fuero parlamentario, mientras que Chahuán hizo lo propio al asumir directamente y en forma hasta ahora inédita el caso Penta y todas sus aristas.

Los casos más emblemáticos que han nutrido este ambiente de descrédito –Penta, Dávalos, Juan Bilbao- están en sus etapas iniciales de investigación y enjuiciamiento, de modo que también está por definirse si la ciudadanía verá en el Poder Judicial la solidez, independencia y eficacia que espera.

Es un desafío para esta institución y, según analizaron en nuestras páginas varios académicos consultados, una oportunidad para demostrar que las instituciones sí funcionan.