La agenda laboral necesaria

o hay dos miradas sobre cuál ha sido el impacto más severo de la crisis sanitaria: la fuertísima caída en la ocupación. En efecto, mientras en los nueve primeros meses del año el PIB registró una disminución de 7,9%, la ocupación lo hizo a un 12,5%, afectando en mayor medida a mujeres, con una caída del empleo de 14,6%, y a sectores de menor escolaridad, cuyo empleo ha caído casi un 20%, generando un retroceso importante en materia de pobreza y vulnerabilidad.

La prioridad debe ser entonces la generación de puestos de trabajo, especialmente enfocada en los sectores de menores ingresos, que son además los más afectados por el acelerado proceso de automatización que estamos viviendo. El problema está siendo enfrentado por las políticas públicas y en una forma que parece apropiada en esta coyuntura, a través de tres herramientas principalmente: el plan de protección al empleo, que sigue cubriendo a cerca de 750 mil trabajadores, el ingreso mínimo garantizado, que llega a algo más de 260 mil trabajadores, y los recientes subsidios al empleo, a través del plan “Regresa” pensado para aquellos trabajadores acogidos al plan de protección, y el plan “Contrata”, enfocado en nuevas contrataciones, que cuenta con un presupuesto de algo más de US$ 2.000 millones. Se suma a este esfuerzo el plan de inversión pública, con un aumento del presupuesto del MOP de más de 30% en términos reales. Sin duda, el esfuerzo de políticas públicas en el corto plazo es significativo.

Sin embargo, se requiere también un foco en una agenda más de mediano plazo, una vez superada esta emergencia, de tal manera de eliminar el componente asistencialista de los programas de empleo. No es sostenible una situación en que sea el Estado el que pague parte de los sueldos de los trabajadores, porque se terminan por dañar los incentivos a aumentar la productividad. Es muy llamativo que el presupuesto de capacitación laboral para 2021 sea algo más de US$ 100 millones, y estemos gastando más de 20 veces esa cifra en subsidios de empleo. En el mediano plazo la relación se debería revertir, con el objetivo clave de que las políticas públicas en materia laboral, más que “entregar pescado, enseñen a pescar”. De esa forma se contribuye en forma simultánea a lograr mejores ingresos laborales, contribuir a la productividad y aumentar la tasa de crecimiento económico.