Editorial

La deuda pública en la mira

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l Presidente Piñera dio a conocer anoche los ejes del proyecto de Ley de Presupuesto que propondrá al Congreso para 2021, centrado fundamentalmente en sentar las bases para la reactivación de la economía tras la crisis provocada por la pandemia.

Este presupuesto encuentra a las arcas nacionales en una situación especialmente precaria, con un nivel de deuda pública que supera el 30% del PIB por primera vez desde 1992, hace casi tres décadas. Se estima que la actividad económica caerá más de un 5% este año, lo que impactará negativamente la recaudación fiscal y pondrá aun más presión sobre el erario, ya sumamente exigido por las cuantiosas medidas diseñadas para paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.

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Lo anterior implica necesariamente que el Fisco contraiga más deuda para financiar el gasto público de este año y el próximo. Si en 2022 no comienza el acordado ajuste gradual del nivel de gasto y endeudamiento, bien podría concretarse la proyección de la Dipres de que la deuda pública llegue a representar un 70% del producto al final de esta década.

Si bien el actual récord de gasto público (y deuda) está impulsado por la pandemia, lo cierto es que ésta únicamente ha fortalecido y acelerado una tendencia al alza muy anterior al Covid-19, y que debe ser moderada, a riesgo de tornarse insostenible por una combinación de mayor gasto en subsidios y menores ingresos vía impuestos.

En dicho escenario, este diario ha sostenido que aumentar eficiencia del gasto fiscal se vuelve nada menos que un imperativo moral, sobre todo porque hay probados márgenes para mejorar en ese ámbito (al menos US$ 5.000 millones, según estimó recientemente el BID). La reticencia de algunos sectores a revisar la eficiencia del gasto —por ejemplo, recortando programas sociales mal evaluados— sólo puede entenderse desde la motivación política, no desde la responsabilidad fiscal.

Esfuerzos como la propuesta del Presupuesto Base Cero son un aporte en esa línea, pero deben ir acompañados de un compromiso de todos los sectores con una sostenibilidad fiscal sin la cual esta crisis sólo puede prolongarse.

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