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Editorial

La hora de la autoridad legítima

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l nuestro es un diario económico y por ello el foco de su cobertura en las últimas cinco semanas ha estado preferentemente en esa dimensión de la actual crisis: el tipo y cuantía de las pérdidas; los efectos en el crecimiento y el empleo; el costo para las inversiones y la imagen país; el impacto en las empresas y sus trabajadores; las implicancias para la política fiscal y monetaria; la agenda social y de reformas económicas.

No obstante, a medida que se ha prolongado la ola de violencia vandálica en las calles de Chile, las conversaciones de nuestros periodistas con sus fuentes, y también con sus colegas y editores, han incluido cada vez con más frecuencia e intensidad un juicio político: la aparente falta de decisión de un gobierno que no ha sabido poner fin a una situación que, según han dicho figuras de oficialismo y oposición, “amenaza nuestra democracia”.

En efecto, como han señalado diversos analistas, una parte importante —peor aun, creciente— de lo que anima el actuar de los violentistas es la percepción de vacío de autoridad, algo inevitable cuando semanas de desmanes de una escala sin precedentes se suceden sin consecuencias visibles, mucho menos un castigo ejemplarizador acorde con la gravedad de los hechos. Por cierto que esta sanción parece cada día más necesaria y justificada, a medida que el perfil de los detenidos en los desmanes se aleja del “manifestante” y se acerca al del delincuente habitual o incluso narcotraficante, como ha señalado la fiscalía.

La búsqueda de un frente unido con la oposición para condenar la violencia es bienvenida, en especial si ello ayuda a acelerar iniciativas como la llamada “ley antiencapuchados”, pero la vía legislativa por sí sola no bastará para poner coto a lo que sucede a diario en las calles. Las chocantes imágenes de vandalismo de estos días nada tienen que ver con un “estallido social”, sino con la esperable conducta de elementos antisociales ante un vacío de la autoridad legal.

Una sociedad democrática se dota de leyes y herramientas para defenderse en forma legítima de quienes la atacan irracionalmente. Es hora de ponerlas en práctica y, probablemente, de incurrir los costos políticos que ello implique. La convivencia pacífica entre chilenos, hoy bajo amenaza, lo justifica plenamente.

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