Editorial

Ley corta de pensiones: recursos fiscales donde sí son necesarios

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omo ocurrió a multas de 2019, la ausencia de acuerdos políticos y la necesidad de mejorar las pensiones llevaron al Ejecutivo a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora nuevamente los beneficios del pilar solidario previsional, esta vez principalmente a través de mayor cobertura.

Es evidente que se requieren mayores recursos para el financiamiento de las pensiones, que deben venir tanto del Estado como de los propios aportantes del sistema, idealmente a través de mayor ahorro, lo que beneficia a todos a través de mayor desarrollo económico. Sin embargo, con la nefasta política de retiros de los fondos de pensiones, el mundo político ha seguido el camino opuesto, lo que ha agravado la situación de los actuales y futuros jubilados. Hace quince años la Comisión Marcel recomendó mayores recursos públicos y de ahorro, pero desde entonces sólo ha sido posible construir acuerdos para mayor gasto público, primero creando el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) en 2008, que cubre al 60% más vulnerable, y luego en diciembre de 2019, cuando los beneficios se subieron en un 50%.

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Ahora el gobierno propone subir marginalmente la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario para asegurar una pensión mínima equivalente a la línea de pobreza, siendo lo más importante del anuncio el aumento de cobertura hasta un 80% de la población más vulnerable. El SPS ya entrega beneficios de vejez e invalidez a 1,7 millones de personas, y ahora se cubriría a algo más de medio millón adicional, cumpliéndose así el objetivo de mejores pensiones para la clase media.

Por supuesto, la política tiene un costo fiscal significativo, que el Gobierno estimó en forma preliminar en US $ 1.600 millones, equivalente a un 0,5% del PIB. Esto es complejo, porque si bien parece una política prioritaria, la situación fiscal actual es muy frágil, estimándose para el año en curso el déficit fiscal más alto desde 1973, equivalente a un 10% del PIB. Es urgente que parte del financiamiento de esta política, entonces, provenga de disminuir en forma significativa el actual nivel de gasto público, absolutamente insostenible.

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