Ley de Modernización de las Relaciones Laborales
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La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la Ley de Modernización de las Relaciones Laborales, más conocida como reforma laboral -o sindical-, que antes de ver la luz sufrió mutaciones y el rechazo de una parte central por parte del Tribunal Constitucional, y el articulado final no sólo ha dejado inconformes tanto al empresariado como a los trabajadores, sino que incluso la propia Mandataria ha admitido que “aspirábamos a más”.
De hecho, el presidente de la Confederación de la producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, ha señalado que la promulgación deja “varios desafíos para adelante”, en relación con los vacíos que quedaron sin mejorar y advirtió que, como consecuencia de las incertidumbres jurídicas no resueltas que contiene la reforma, existe una alta probabilidad de que las relaciones laborales se judicialicen ante la necesidad de una interpretación de la ley por parte de organismos judiciales.
En este sentido, Salas se ha mostrado abierto a la construcción de un acuerdo colectivo para un reglamento que permita llenar los vacíos y “tener un buen instrumento para el desarrollo”, un punto clave que debe recoger el gobierno en un contexto además marcado por un deterioro en los indicadores de empleo.
