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Editorial

01/12/2016

Ley de Presupuestos: el conflicto de fondo

  • Un día antes del plazo legal el gobierno logró la aprobación de la Ley de Presupuestos, en forma menos compleja que en años anteriores. Eso por sí sólo es un punto a favor de la responsabilidad fiscal, ya que producto de ingresos muy inferiores a los que se estimaron en el programa de gobierno, este sería el presupuesto más restrictivo en términos de gasto de los últimos catorce años.

    Sin duda uno de los aspectos más conflictivos fue el presupuesto del Ministerio de Educación, específicamente el gasto de educación superior. La explicación es bastante clara; subyacen en este tema diferencias ideológicas que no sólo dividen al gobierno y la oposición, sino también con matices no menores al propio gobierno.

    El punto de fondo es si los beneficiarios del aporte del Estado en esta materia son los estudiantes que opten por instituciones de cierto nivel de calidad, o las instituciones estatales, que por el sólo hecho de serlo deberían ser las beneficiarias del gasto público en este ítem.

    Tomando como base los principios establecidos en nuestra Constitución y también considerando que los impuestos que pagamos todos no deberían asignarse por presiones de grupos de interés, lo razonable es privilegiar a los estudiantes que cumplen las condiciones para recibir la ayuda, y que optan por instituciones que entregan efectivamente el servicio comprometido.

    Con la ampliación de las becas Bicentenario, se evitó una vulneración evidente a este principio, pero quedó en evidencia que en estos años, en vez de avanzar hacia una mejor política de educación superior, los intentos de avanzar en gratuidad sólo han traído retrocesos.

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