Editorial

Lo que nos advierte el boicot a la PSU

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a inaceptable forma en que se ha desarrollado hasta ahora la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) pone de relieve —y a su vez, empeora— problemas que aquejan a la sociedad chilena en ámbitos distintos al educacional. Por eso mismo, es simultáneamente una alerta y una oportunidad.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) exigió primero que se suspendiera el examen de ingreso universitario, ya postergado dos veces por la crisis social que estalló en octubre pasado. Ante la negativa de las autoridades, los escolares llamaron a boicotear la prueba; vista la escasa acogida voluntaria al boicot, tanto de alumnos como de padres, la ACES llamó a impedirlo por vías de fuerza, como se ha visto. Decenas de locales debieron suspender la PSU por actos de violencia —complicando la postulación universitaria de decenas de miles de estudiantes— y ayer, además, la filtración de datos de Historia obligó a suspender esa prueba a nivel nacional.

Salvo excepciones, el rechazo ha sido transversal, pero lo ocurrido refleja la “normalización” de una cierta lógica alarmante: ante una demanda insatisfecha —en este caso, se reclama que la PSU es “segregadora”—, imponerse por la fuerza se estima aceptable. Esa disposición a desconocer la vía institucional es un mal antecedente de cara, por ejemplo, a procesos como el constitucional que se avecina, como sugiere un reportaje de esta edición.

La oportunidad, en tanto, es la de aprovechar ese rechazo mayoritario al violento boicot de la PSU como factor aglutinante de la sociedad chilena de cara a ese proceso —para que puede desarrollarse normalmente—, pero también de otros en que se pretende imponer que la violencia, bajo el barniz de “descontento ciudadano” o “demanda social”, es una respuesta aceptable para resolver diferencias en democracia.

El gobierno, en éste como en otros casos, tiene la obligación de garantizar el orden público y el respeto de las reglas. Por eso, el aprecio transversal por una institucionalidad de ingreso a la educación superior es, también para él, una oportunidad.

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