Editorial

¿Ministerio del Agua? Sigamos pensando

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a Cámara de Diputados aprobó esta semana una resolución que pide al Presidente de la República ordenar un estudio con miras a la creación de un Ministerio del Agua. El contexto que da pie a la preocupación de los parlamentarios es tanto global (el cambio climático) como local (la megasequía en Chile), y entre los argumentos para contemplar un organismo de nivel ministerial están el uso ineficiente del agua en nuestro país y una institucionalidad dispersa que dificulta una mirada de conjunto de la problemática hídrica.

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Es bienvenida la intención de dar mayor prominencia a la discusión sobre cómo enfrentar mejor dicha problemática. Más aun considerando que, a pesar de la severidad y prolongación de la crisis hídrica, ella ha sido inevitablemente relegada a un segundo plano en la agenda nacional debido, primero, a los sucesos del 18-O, y ahora, a la pandemia del Covid-19. Es clave entender que aquí existe un desafío estructural para nuestro desarrollo económico, y no sólo un episodio de sequía particularmente riguroso, y es por esto que el tema no debe perder prioridad.

Con todo, es dudoso que un nuevo ministerio sea la forma idónea de tratar este desafío en su real magnitud. De hecho, expertos consultados por este diario se mostraron muy alineados en su recelo —o frontal rechazo— a esta idea, en buena parte porque la dispersión de instituciones de diverso rango que hoy abordan los temas hídricos, lo cual reconocen como un problema, difícilmente se soluciona creando un nuevo nivel superior de institucionalidad. Ello, al contrario, arriesga una duplicación de tareas e ineficiencias de gestión aún mayores que las actuales, lo que se suma al peligro de forzar una mirada centralista sobre una realidad que, por factores geográficos insoslayables, es muy distinta en cada región.

Crear ministerios para cada nuevo problema que requiera atención desde el Estado es, en la experiencia chilena y comparada, una práctica tan recurrida como ineficaz. Esa no es la modernización que demanda el Estado en Chile hace años, más bien lo contrario.

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