Editorial

Nombramientos en el TC: cuestionable retraso

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semana pasada el Senado aprobó el nombramiento de los dos ministros suplentes del Tribunal Constitucional (TC) en un proceso que merece dos importantes reparos.

Primero, porque si bien la Ley Orgánica respectiva ordena que estos nombramientos se realicen en un determinado momento, algunos senadores demoraron esta obligación legal por tres años. En segundo lugar, porque algunas declaraciones durante la votación mezclaron atendibles solicitudes de mejora en el sistema de nombramientos, con una crítica política al TC como institución.

En efecto, y paradojalmente, el proceso de selección de los ministros suplentes tiene un estándar más alto que el de los titulares: para aquellos se exige concurso público de antecedentes, luego el Tribunal selecciona las primeras siete mayorías, y finalmente el Ejecutivo propone dos nombres al Senado, que debe ratificarlos por dos tercios. Todo ello avala su idoneidad y legitimidad, de forma que sería lógico que titulares y suplentes se ajustaran a igual estándar.

Pero aun cuando los senadores destacaron unánimemente los méritos de los nominados, varios votaron en contra a fin de conseguir una reforma política al Tribunal, al cual acusan de actuar como una tercera cámara legislativa. Esta crítica —muy discutible, por lo demás— no debió nunca ser motivo para retrasar nombramientos, menos aun cuando muchos legisladores consideran perfeccionar el sistema de nombramientos para el correcto funcionamiento del TC. Así, resulta contradictorio que a los jueces se les exija votar conforme al mérito del proceso, pero que quienes los nombran, no se atengan al mismo criterio.

Lamentablemente, detrás de esto subyace en algunos parlamentarios la intención de prescindir de un tribunal de control de constitucionalidad —órgano que existe en la abrumadora mayoría de las democracias—, lo que en la práctica significaría un legislador sin restricciones. Sostener, como hizo un senador de oposición, que el TC “no le presta ninguna utilidad a la democracia”, es tanto un grave error como un costoso precedente.

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