Editorial

Notarios: Una reforma oportuna

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l informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el sistema notarial hace críticas y propuestas atendibles para reformar una institucionalidad que no ha visto modificaciones en décadas, pese a las profundas modernizaciones que ha vivido Chile en todos los ámbitos. La actual polémica por las declaraciones de un ex ministro de Justicia contra la Asociación de Notarios —acusando de “chantaje” al Congreso por la forma en que se asignan las notarías— no debe distraer del importante documento que le dio origen.

El diagnóstico del fiscal nacional económico parece acertado: “El sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, no está a la altura de la sofisticación de la economía chilena”. De lo que se trata, entonces, es de adecuar la garantía de fe pública a un entorno económico y social propio del siglo XXI, lo cual no sólo implica recursos tecnológicos que eleven la eficiencia y reduzcan costos, sino también criterios de transparencia acordes con las expectativas de una sociedad moderna.

El informe de la FNE constata diversos problemas que aquejan al sistema, tanto en su estructura como en su operatividad. Por ejemplo, el concurso mediante el cual son escogidos los candidatos a notario es opaco, por ende sujeto a eventuales presiones; la exigencia del título de abogado parece una innecesaria barrera de entrada que resta competencia a ese mercado (la FNE habla incluso de “rentas monopólicas”); y la fiscalización de las notarías por parte de las respectivas Cortes de Apelaciones es, a su vez, difícil de fiscalizar. Asimismo, el tipo, número y precio de los trámites que exigen firma notarial amerita una urgente revisión, pues claramente se han vuelto un problema para quienes requieren dichos servicios.

Esta discusión, largamente postergada, debe hacerse en profundidad. La reciente creación del Consejo para la Modernización del Estado obedece al mismo espíritu: ponerse al día con las necesidades de Chile en el siglo XXI.

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