Editorial

Nueva Constitución: no partir de cero

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n un clima social y político fuertemente tensionado por las manifestaciones masivas y el violento vandalismo de octubre y noviembre pasados, fue suscrito en el Congreso el “Acuerdo por la paz social y nueva Constitución”, que fija un itinerario para el proceso constituyente, en caso que ganara la opción “Sí” en el plebiscito de abril próximo. El debate gira ahora en torno a los alcances y contenidos que debiera tener una nueva carta fundamental. El considerable desafío será encontrar un equilibrio virtuoso entre cambio y continuidad, para que cualquier texto que se acuerde logre simultáneamente interpretar al Chile del siglo XXI y apoyarse sobre lo construido en dos siglos de institucionalidad republicana.

Desde esta perspectiva, no tiene cabida la idea de proponerse una estricta “hoja en blanco”, como algunos han sostenido. Existe una tradición constitucional chilena que ha conquistado buenas prácticas a lo largo de nuestra historia: el principio de supremacía constitucional, el principio de legalidad, responsabilidad fiscal, autonomía del Banco Central, existencia del Control de Constitucionalidad y otros. Si por “hoja en blanco” se entiende hacer borrón y cuenta nueva con estas ideas, se trata entonces de alterar la existencia misma del Estado democrático chileno.

Por otro lado, el ejercicio de la soberanía -incluso el poder constituyente- encuentra límites en los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, y que son reconocidos en tratados suscritos por Chile y plenamente vigentes. Así, por ejemplo, desconocer en una nueva Constitución derechos como la propiedad, la libertad económica, el derecho de asociación o la libertad de expresión, no solamente comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile en cuanto a derechos humanos, sino también respecto de aquellos tratados que protegen el libre comercio y las inversiones, cuyos costos de vulneración son altísimos.

Finalmente, ninguna Constitución debe ser hija de una mayoría social y política transitoria, pues ese riesgo compromete desde la base la estabilidad de un proyecto constitucional que represente al conjunto de la sociedad por un plazo extendido.

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