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Editorial

Nueva ley de migración

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El gobierno decidió finalmente enviar al Congreso un proyecto de ley de migraciones ante la evidente necesidad de actualizar la normativa existente y regularizar una serie de situaciones que atañen a la creciente población extranjera que se asienta en nuestro país y, por cierto, también a los ciudadanos chilenos.

Al firmar la iniciativa legal, la presidenta Michelle Bachelet planteó que la intención es dejar atrás la migración irregular, que es puerta de entrada, dijo, a abusos de todo tipo.

Entre los ejes principales del proyecto se cuentan el establecimiento claro de derechos y deberes, con enfoque en los derechos humanos; la identificación de nuevas categorías migratorias, como visitantes y habitantes de zonas fronterizas, la definición precisa de causas de prohibición de ingreso y de un sistema administrativo sancionatorio.

La creación de un servicio nacional de migración quedó descartado y, en vez de ello, la política migratoria del país quedará a cargo de un comité interministerial y será coordinada y ejecutada por el Ministerio del Interior. La cartera de Relaciones Exteriores tendrá el rol de autoridad migratoria en el extranjero. Además, establece la existencia de un Registro Nacional de Extranjeros, que será encargado de entregar los datos a las autoridades migratorias y de control.

Muy probablemente empujada por la inminencia de la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, la decisión de abordar el asunto migratorio y su creciente impacto social, económico y cultural en el país es de la máxima importancia y, bien estudiado y proyectado, un marco legal en esta materia puede ser un aporte de gran relevancia hacia el futuro.

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