Editorial

Operativo en Temucuicui: ¿finalmente un punto de inflexión?

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Durante las más de dos décadas que se ha prolongado el mal llamado “conflicto en La Araucanía”, la sostenida escalada en la violencia ha podido hacer pensar al observador, en más de una ocasión, que el hito noticioso más reciente marca un punto inflexión a partir del cual el problema sería enfrentado y, eventualmente, controlado. Por desgracia, no ha sido así.

Años atrás pudo parecer que los ataques a domicilios particulares, en lugar de a predios de empresas forestales, marcaban ese punto de inflexión. Más tarde, que la quema de escuelas e iglesias lo conseguiría; o el primer niño herido a bala (ha pasado más de una vez); o la matanza indiscriminada de animales; o la aparentemente interminable seguidilla de ataques incendiarios y robos de madera a camiones en plena autopista.

Sin duda el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger-Mckay, hace ya siete años la semana pasada, debió marcar un antes y un después en la conflictividad de esa región de Chile. Sin duda.

En lugar de eso, pese a que remeció las conciencias, ese crimen se convirtió en un episodio más al que han seguido más personas muertas y heridas, más destrucción y violencia, más quiebre del Estado de derecho y más desamparo de las víctimas. A esta situación el Estado chileno no ha sido ciego ni sordo, sino vacilante, contradictorio, desencaminado y completamente ineficaz.

Uno de los resultados de esa ineficacia quedó a la vista la semana pasada, durante el masivo operativo policial realizado en la comunidad Temucuicui, por orden judicial, en el marco de una investigación por tráfico de drogas y armas, entre otros delitos. Pese a que participaron 800 efectivos de la PDI, fueron resistidos con tal violencia y poder de fuego, que un detective perdió la vida y otra decena fueron heridos, sin que se lograra completar la operación. En el lugar, como se esperaba, se incautó gran cantidad de drogas, así como diverso armamento, revelando la acción del crimen organizado.

La zona está en el epicentro de la conflictividad en la región, y de inmediato algunas reacciones al operativo aludieron a una acción en contra de la etnia mapuche, hablando de “invasión de su territorio”. Lo cierto es, según toda la evidencia, más allá de demandas que tienen cauce institucional, existen en La Araucanía grupos delictivos vinculados al robo de madera y el tráfico de drogas que actúan bajo la cobertura de la causa indigenista. Por otro lado, hay fuertes indicios, a su vez, de que actividades extremistas puedan estar siendo financiadas con el producto de esos delitos. Como señalaba ayer un columnista en esta página, de eso existen amplios precedentes en otras partes del mundo.

El desafío de las autoridades es, precisamente, que lo ocurrido en Temucuicui no sea otro hito en la lamentable escalada de violencia en La Araucanía, que no casualmente es una de las regiones con más pobreza. Es grave que el jefe nacional de la PDI acuse “falta de apoyo político”, aludiendo a la forma en que los ataques en la zona terminan siendo legitimados por no pocos actores políticos como expresión de un “conflicto social”, mientras que la respuesta policial/judicial es asociada casi automáticamente a discriminación, persecución y represión.

Esa falsa dicotomía está en la raíz del fracaso del Estado en La Araucanía. Reconocerlo exige tanto claridad de análisis como voluntad política.

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