País “de clase media” y gasto del Estado

arte importante de la discusión sobre la siempre pendiente modernización del Estado tiene que ver con qué tan eficiente y eficaz es el gasto público. Y en términos de políticas públicas, el acento por muchos años estuvo puesto —correctamente— en la capacidad de focalizar dicho gasto, esto es, de asignar los recursos allí donde son más necesarios y, a la vez, donde pueden generar un mayor impacto. Vale decir, maximizar su rentabilidad social por la vía de llegar primero a los más vulnerables.

Por eso resultan especialmente valorables iniciativas como el “Mapa de la Vulnerabilidad Energética”, anunciado esta semana por el gobierno, que busca nada menos que llevar luz eléctrica a cerca de 30 mil familias que carecen de ella parcial o totalmente. Ello parece coherente con otros esfuerzos por abordar situaciones que son tan reveladoras como alarmantes, por ejemplo, que según el programa Compromiso País, casi un millón y medio de personas carecen de servicios higiénicos básicos y agua potable en sus viviendas.

Dicho esto, ese tipo de focalización del gasto público no ha estado suficientemente al centro de la discusión reciente sobre políticas sociales, que hoy apunta a las necesidades de la creciente clase media. De hecho, en estas páginas los subsecretarios del Ministerio de Desarrollo social explicaron que el objetivo del nuevo programa Clase Media Protegida es no sólo mantener el compromiso con los más vulnerables, sino ampliarlo “a todos quienes puedan estar en riesgo de caer en vulnerabilidad”.

Es bueno poner en perspectiva este ambicioso objetivo a la luz de problemáticas como las descritas, que no son de clase media, sino de una sociedad en desarrollo donde aún segmentos importantes de la población viven con bajos ingresos y pueden caer bajo la línea de la pobreza con relativa facilidad. La mala calidad de la educación y la salud públicas también representa una vulnerabilidad social que cala hondo.

La preocupación por la clase media es bienvenida y valorable, pero no debemos olvidar la deuda prioritaria del Estado chileno, y de la sociedad, con los menos favorecidos.