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Editorial

Para que haya Estado de derecho, castigo a la violencia

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ste fin de semana continuaron los incidentes violentos en distintas ciudades del país, con centenares de detenidos en incendios, ataques a cuarteles de policía, saqueos, cortes de ruta y otros incidentes. Aunque al parecer su número e intensidad van en descenso, no cabe asegurar aún que, tras un mes de graves desórdenes, estemos cerca de ver su fin.

La preocupación por atender las demandas sociales que puedan haberse expresado en las manifestaciones pacíficas de cientos de miles de chilenos es parte indispensable de la respuesta a lo que hemos visto estas semanas. Pero igualmente importante es que los actos de violencia que tan flagrantemente han quebrado la paz social sean perseguidos y castigados. Si el Estado de derecho significa algo es la adhesión a un conjunto muy claro de reglas, así como las consecuencias de no respetarlas.

Son tantas y tan brutales las imágenes de vandalismo que la ciudadanía ha podido presenciar en la prensa y las redes sociales, que la condena de esos actos arriesga no ser más que palabras vacías si ella no significa un precio para los responsables. El gobierno ha dispuesto un equipo de cuatro prestigiosos abogados para que lo represente en las querellas por los desmanes; si bien ello muestra voluntad de hacer valer responsabilidades, el volumen de actos vandálicos, miles de ellos en todo el país durante cuatro semanas, podría exceder ese esfuerzo.

Desde luego, en esto el rol de los tribunales será igualmente clave. No se entendería que, existiendo registro de tantos hechos de violencia grave y de tantos participantes en ellos, sólo un número reducido de personas fuera castigado en última instancia, o que teniendo a la vista el alcance de la destrucción —así como la amenaza a la seguridad y dignidad del resto de los ciudadanos— las sentencias fueran leves para los condenados.

El llamado no es a que haya mano dura, sino a garantizar que no exista impunidad para los delitos. Lo contrario arriesga dar la razón a quienes temen que, en la práctica, la violencia se esté legitimando como fuerza de cambio.

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